Queda poco tiempo.

Desde el 11 de Abril del 2002 no existe democracia en Venezuela. Ese día, y los días previos, la sociedad civil se manifestó de forma multitudinaria y contundente a favor de la deposición de Hugo Chávez, quién por entonces renuncia a la Presidencia. Ordenó a las fuerzas militares masacrar a la masa de manifestantes que llegó a Miraflores (la activación del así llamado “Plan Avila”). El Alto Mando Militar se negó, y él renunció. Así lo comunicó el que por entonces era su Ministro de la Defensa, Lucas Rincón, en forma televisada, al país entero.

 

El día siguiente, el Sr. Pedro Carmona, un pobre señor que no tenía noción de dónde estaba parado, que no tenía la más mínima idea de lo que es la organización político institucional de una república, hizo pronunciar un mal llamado “decreto” (ya que no pasaba de una vulgar y casi fascista proclama y legalmente no podía considerarse ni siquiera un decreto) que echaba por tierra, de un plumazo y de un trancazo, toda la institucionalidad democrática. El Sr. Carmona era el presidente de Fedecamaras, una asociación civil que había convocado con muchísimo éxito una huelga general que duró tres días. El Sr. Carmona no era un político y creo que nunca quiso serlo. Fue un buen hombre que sencillamente terminó, malgre lui, siendo arrollado por un tsunami civil y político. Quién debió haber sido responsabilizado de la proclama absurda del 12 de Abril, fue el Alto Mando Militar de la época. Y esos sí, tenían la obligación, moral y profesional, de interpretar la situación política y no dejar que la anomia se apoderara de la calle. Pero no lo hicieron.

 

El ex presidente Hugo Chávez renunció el día 11 de Abril 2002. Lo que aconteció los días siguientes fueron una serie de caóticas maniobras de palacio, algunas de ellas propiciadas por sectores de la ultra derecha, y otras por facciones pro y contra Gobierno, tanto civiles como militares, que concluyeron con la restitución e imposición de Hugo Chávez por la fuerza, en este caso a través de sectores militares que le eran fieles. El 12 de Abril de 2002 no hubo un golpe de Estado, el tan alardeado “golpe” que Chávez pasó el resto de su vida pregonando. El 11 de Abril se sublevó la sociedad civil, cuándo se percató que su programa de las “49 leyes” iba a convertir a Venezuela en un país que nadie quería. Millones de venezolanos paralizaron el país; centenares de miles salieron a las calles manifestando su desagrado. Era una protesta que contaba con el apoyo de la inmensa mayoría de las fuerzas partidarias, policiales y militares, unanimidad de protesta frente a la cual renunció a la presidencia y hasta quiso entrar en negociaciones sobre sus condiciones de exilio. En las siguientes 48 horas se formó un caos en el que nadie niega que las fuerzas de ultra derecha se quisieron aprovechar de la situación y obtuvieron el mayor protagonismo. Pero no eran las únicas fuerzas ni facciones políticas y militares en juego. El 14 de Abril, un grupo militar liderado por Diosdado Cabello y Raúl Baduel, volvieron a imponer por la fuerza militar un presidente que el pueblo había depuesto. Fue el tercer golpe de Estado de Hugo Chávez. Nadie niega que existieron muchas manifestaciones populares de apoyo a Hugo Chávez, y que aún contaba con un soporte político y militar importante. Pero lo lógico y sensato, tanto desde el punto de vista moral como desde un punto de vista estrictamente democrático e institucional, hubiera sido la constitución de un gobierno provisional y la convocatoria inmediata a elecciones para rectificación de Poderes. La Constitución prevé una línea de sucesión ejecutiva que pasa por el vicepresidente y el presidente de la Asamblea, in absentia del Presidente, por ejemplo en situación de muerte, accidente o enfermedad grave. Ninguna Constitución del mundo prevé una línea sucesoria en ausencia por “manifestaciones populares casi unánimes a favor de la renuncia o deposición”. Por la millonésima parte de lo que sucedió el 11 de Abril, en cualquier verdadera democracia, occidental y  moderna, el Ejecutivo renuncia  y se convocan elecciones. El 14 de Abril del 2002, en su tercer golpe militar de Estado, Hugo Chávez fue recolocado en el poder por la fuerza de las armas.               

 

Existen  cuatro golpes de Estado en la Historia Contemporánea de Venezuela. Tres militares y uno cívico-militar. Todos ejecutados por Hugo Chávez. El primero, y más conocido, fue el de Febrero de 1992; el segundo fue promovido por él en Noviembre de ése mismo año; el tercero lo repuso en la Presidencia de la República el 14 de Abril del 2002; y el último, de carácter cívico-militar,  fue el que ejecutó de forma alevosa, sistemática y continuada, contra la legitimidad democrática desde 2002, por 13 años más y hasta su muerte.

 

En esos 15 años que duró su cuarto y último Golpe de Estado, el Sr. Hugo Chávez ganaba elecciones, libremente, cuando podía. Cuando no las podía ganar libremente, las manipulaba (secuestrando el Poder Electoral, manipulando el Registro Electoral, silenciando a la oposición, subvencionando a diestra y siniestra sus campañas con los fondos de la República, coaccionando al funcionarismo público, convirtiendo a las Fuerzas Militares en un brazo político electoral armado de su partido; y un sinfín de irregularidades y atropellos antidemocráticos cuya sola enumeración llenaría folios y que por supuesto no caben dentro de éste paréntesis). Cuando Hugo Chávez no pudo realizar o ganar elecciones, optó por la fuerza, por los golpes de Estado.

 

En esos 15 años nunca se cansó de alzar el librito de la Constitución en la mano, enarbolado contra “los golpistas del 12 de Abril”. En esos 15 años subvirtió todo el orden constitucional, y atropelló indiscriminadamente personas e instituciones, todo en su provecho y favor, tanto personal como político.

 

Su favor y provecho personal, y el provecho y favor de su causa política fueron una y la misma cosa, como sucede con todos los déspotas mesiánicos, poseídos por visiones y misiones. Su visión era la de la Patria y la del Pueblo, pero en su propia y muy personal interpretación que no admitía antagonismo. Y en la cruzada por su sagrada causa, exterminó todas las instituciones democráticas y todos los derechos humanos que encontró en su paso. El subvertir, corromper y anular la institucionalidad democrática es un Golpe de Estado, aunque no se tratara del Btlizkrieg clásico, del golpe relámpago. Fue un golpe lento pero sistemático, y que por supuesto fue avalado por las Fuerzas Armadas, a medida que iban siendo depuradas y compradas por y para “la causa”. 

 

A partir del 15 de Abril, en su último y más perverso golpe de Estado (porque, repito, los golpes de Estado no necesariamente meten tanques y metralletas) subvirtió hasta el  lenguaje, con sus perenes pregones populistas. Al principio descalificó la oposición, tildándola de “oligarca” o “golpista”. Después la hostigó, cerrando, comprando y expropiando medios de comunicación, persiguiendo, exiliando, encarcelando o indirectamente asesinando a periodistas, entre otras cosas. Y por último la criminalizó: las demostraciones de desagrado se prohibieron; los manifestantes se agredieron; y los líderes, de todo nivel y condición, se encarcelaron, arrastrando por el camino a centenares de inocentes en una vorágine de violencia que culminó hace más o menos un año con un decreto, inédito en la Historia del Derecho Político Internacional, en el que se le permiten a las organizaciones policiales y militares, utilizar armas de fuego contra los manifestantes en las protestas civiles de carácter pacífico.

 

Existen elementos básicos y fundamentales que hacen de un régimen político una democracia. Mencionemos a dos o tres. Para que una democracia funcione, la división de Poderes es un principio sagrado.

 

Empecemos por el Poder Judicial. Nixon, Clinton, Collor de Melo, entre algunos otros, para poner ejemplos, fueron depuestos mientras ejercían sus respectivas Presidencias por un Poder Judicial independiente. Aunque en la inmensa mayoría de las democracias la figura del “impeachment” existe, con ese u otro nombre, acaba por no ser necesaria, porque los presidentes o primeros ministros colocan sus cargos a la orden ante una crisis mínimamente grave. Cuando acontece una situación de impase se apela al sistema judicial independiente, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a un tribunal, a una instancia Constitucional, etc. En Venezuela, el Poder Judicial no es independiente, y todas sus instancias, desde el Tribunal Supremo hasta el más pueblerino de los jueces, fueron escogidos  y colocados a dedo, y son todos, más o menos vociferantemente adeptos al régimen. Es común y corriente escuchar a un fiscal o a un juez del Tribunal Supremo expresar sus convicciones “revolucionarias” sin pudor ni acato. Algunos son tan mentecatos, tan políticamente ignorantes, que ni siquiera saben que están en la obligación, no solo moral sino profesional, de no hacerlo.

 

En estos últimos 15 años, de forma alevosa, un sistema judicial configurado a dedo, se ha pronunciado y sentenciado sistemáticamente a favor de la discreción arbitraria del Ejecutivo, condenando de forma éticamente criminal cualquier forma o expresión de oposición política, desde los líderes electos más ampliamente conocidos hasta el más humilde de los ciudadanos inconformes comunes.

 

Una vez más, el solo enumerar, sin ningún tipo de comentario, estos atropellos judiciales, abarcaría folios y volúmenes enteros. Hace unos días, en septiembre 2015, el propio Cardenal Uroza instó a que se le haga una audiencia al preso político Antonio Ledezma; ¡ya que le fue pospuesta cinco veces! Un Poder Judicial autónomo e independiente, imparcial, no existe en Venezuela. Esa garantía democrática no existe.

 

Siguiendo con las garantías democráticas, y concretamente con la independencia de Poderes: una ojeada al Poder Legislativo. John Stuart Mill decía que la principal función de una Asamblea no era la de hacer leyes. “Legislativa” es lo de menos, decía, desde su recia formación democrática inglesa. Esas cosas de las leyes, continuaba, las podemos dejar para algunos tecnócratas altamente sofisticados, especializados en la redacción, sus precedencias, prelaciones, contradicciones, jurisprudencia, y un sinfín de tecnicismos legales. Lo fundamental de una Asamblea, afirmaba, es que sea un espacio de discusión de la sociedad y no solo de una mayoría. Un espacio de TODA la sociedad. Para representar a la mayoría ya tenemos el Ejecutivo, decía él. Pues bien. Nuestra Asamblea Legislativa, cuya mayoría el régimen no obtuvo, pero que de alguna forma “compró”, se ha empeñado en ostracizar, anular y eliminar de su seno a los integrantes de la oposición, mediante mil y una triquiñuelas, o sencillas tomadas de posición mediante la fuerza bruta (como lo hicieron con María Corina Machado). Ora vez más: la enumeración de los exabruptos que ha cometido nuestra Asamblea Legislativa llenaría cartapacios enteros. Pero vamos a dejar otro botón de muestra. En los países democráticos del mundo, el presidente de la Asamblea, aunque generalmente (y no necesariamente) es electo de entre la mayoría (y para eso se realizan elecciones legislativas independientes del Ejecutivo, en las que muchísimos países intentan contrabalancear el Poder) ése Presidente de la Asamblea, The Speaker of the House, termina siendo elegido porque es una persona relativamente independiente y de sólida formación política, ética y profesional. Invariablemente es una persona carismática y respetada que reúne el consenso necesario para llevar las sesiones de discusión a buen término. En Venezuela, nuestro Speaker, ha sido partícipe activo de todos los Golpes de Estado, y es el protagonista de un show televisivo en el que acusa a opositores de supuestos delitos, crímenes, magnicidios y atentados sin corroboración judicial alguna, pero que ha establecido demandas jurídicas contra varios medios de comunicación porque retransmitieron un boletín noticioso internacional sin la debida “corroboración” que él no se siente en la obligación de respetar. En esa noticia, que no fue desmentida por la DEA ni ningún vocero del Gobierno de los EEUU, se informa que el Sr. Diosdado Cabello encabeza el liderazgo de un cartel de la droga Colombo-Venezolana, llamado el Cartel de los Soles. Éste señor, que es presidente de la Asamblea General de la República, en vez de ejecutar un papel de intermediario mínimamente independiente de la Asamblea, sistemáticamente niega el derecho de palabra, interrumpe, boicotea y expulsa a la fuerza a diputados elegidos con muchos más votos y legitimidad que él. Y de él Presidente para abajo, nuestra Asamblea Nacional, es un vulgar teatro de títeres. Está constituida por unos pobres fantoches, sin voz ni voto, que aprueban sumisamente cada orden emanada del Ejecutivo. Aunque esa aprobación no hace falta para absolutamente nada, ya que los últimos años de Chávez y los recientes de Maduro han sido dominados por las llamadas Leyes Habilitantes. Es una ley contemplada en la Constitución en la que, en situaciones de extrema gravedad, la Asamblea rescinde su potestad política a favor del Ejecutivo. En multiplicidad de ocasiones, creo que hoy mismo, por ejemplo, el Sr. Nicolás Maduro gobierna a su “real” antojo, porque al abrigo de la ley “habilitante” puede prescindir olímpicamente del Poder Legislativo!!!

 

Estamos examinando si en Venezuela existe una democracia, y todavía seguimos indagando sobre el primer aspecto, la división independiente de poderes. Hasta muy recientemente solo se consideraban básicamente tres poderes de ejercicio democrático: Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Se consideraban que las materias electorales estaban subordinadas al Poder Judicial, por ejemplo. Pero algunos desarrollos constitucionales recientes han incorporado a varios “poderes” adicionales. Nuestra última Constitución incorpora algunos nuevos “poderes” aunque el origen de su legitimidad no está muy claro. Uno de eses “poderes” es el Poder Electoral, dándole un papel sobresaliente en la legitimidad democrática. Hugo Chávez lo incorporó en la Constitución de 1999, porque se sabía al abrigo de su popularidad electoral de la época. Sea un “poder” o no, todos los países tienes organismos y mecanismos que aseguran la imparcialidad, justicia y ecuanimidad de sus procesos electorales. En las democracias europeas occidentales, por ejemplo, los países tienen reglamentaciones estrictas en lo que se refiere a participación, divulgación y propaganda electoral, acceso a los medios de comunicación, programas de reclutamiento de electores, mecanismos de elección, votación, conteo, auditoría y proclamación. Utilizar un camión de las Fuerzas Armadas Españolas para ir a buscar electores a un pueblito remoto de Asturias, sería algo inconcebible, digno de la intervención del Rey.

 

Por supuesto que se le hace un “descuento” a nuestras repúblicas latino americanas, modernas... incipientes… y todo eso. Aunque no termino de saber que es una democracia, verdadera y plena, y una que no lo es. Es como una mujer que está “casi”  embarazada.

 

Pero, aún después del “descuento” que se le pueda hacer a Venezuela, es inadmisible lo que sucede aquí, aún para los standarts de una república bananera. Nuestros directores del organismo electoral supuestamente imparcial, los “rectores” del Consejo Electoral Nacional, no son electos sino designados, y demuestran abiertamente su filiación al Régimen mediante su participación en actos del Gobierno, o en declaraciones abiertamente púbicas. ¿Cómo es posible que nuestros árbitros de imparcialidad electoral manifiesten abiertamente su afiliación a un Partido? Qué venga alguien, preferiblemente de la OEA o de la Unión Europea, y nos lo explique, porque nosotros no lo podemos entender. 

 

La oposición lleva años pidiendo una auditoría del Registro Electoral, la lista nacional de electores, pero el CNE sistemáticamente se lo ha denegado. Se sospecha que existen miles, o docenas o centenares de miles de electores “fantasmas”, electores que en verdad no existen, pero votan. Pero independientemente de que eso fuera cierto o no; ¿cómo justificar la sarta interminable de irregularidades electorales?

 

El Régimen convoca a elecciones, cada tantos años, en condiciones de prevalencia, poderío y desigualdad, casi absolutas. Y nosotros, los ciudadanos de a pie, vamos a cumplir humildemente con nuestro supuesto “deber ciudadano”, que termina siendo el de legitimar por voto, a un régimen dictatorial y corrupto. Un Régimen profundamente antidemocrático, que nos niega todos nuestros derechos, incluyendo el más básico de todos: el de a la alimentación.  

 

La máxima instancia electoral-arbitral en Venezuela, no es imparcial e independiente. De sus cinco directores, cuatro son abierta y públicamente adeptos al Régimen Chávez-Madurista, ignorando con todo desprecio la Ley Orgánica del Poder Electoral proclamada en el 2002. Que, como todas las leyes en Venezuela, se han vuelto letra muerta ante el ejercicio despótico del poder. Todos los medios públicos de comunicación en Venezuela, Radio, Televisión y Prensa, están controlados por el Gobierno. Unos fueron cerrados, otros comprados, otros más expropiados, y el resto, obligados a líneas editoriales domesticadas sobre amenaza. “Tal Cual” acaba de cerrar bajo asedio, y lamentablemente, lo digo con mucho pesar, a El Nacional, le cabe el mismo destino.  Las llamadas  “redes sociales”, como un blog como éste, llegan a una docena de personas, no tienen la más mínima repercusión política. Nuestra instancia y garante de imparcialidad electoral cierra los ojos a todo tipo de malversaciones: millardos de  dólares de la República, que le pertenecen a todos los venezolanos, son puestos a disposición del Gobierno, para sus campañas y “operativos” electorales.

 

El carácter “legislativo” de La Asamblea es accesorio, y casi intranscendente. Las verdaderas asambleas son el espacio más privilegiado, más respetado, de discusión política del país, de La Nación. Si la Oposición llega a ir a elecciones y a ganarlas eso no sirve para hacer leyes que contribuyan a cambiar el país. Primero, porque, técnicamente, no es tan sencillo. Y segundo porque las leyes tienen un valor muy relativo. A diferencia de lo que creen los abogados y el común de la gente, las leyes no le dan forma ni organizan a la sociedad. Apenas, en el mejor de los casos, ayudan a dirimir litigios. Algunos de los países más democráticos del mundo no tienen Constitución. Ninguna Ley de Tránsito podrá jamás organizar el caos de tráfico que tenemos en Venezuela. Es algo que sucederá cuando provenga del comportamiento de la gente. De la observancia del respeto por el otro y el sentido común, de la educación. Y cada vez más los venezolanos nos hemos animalizado y terminamos conviviendo en un ambiente de violencia, depredación, depravación. Tenemos la segunda o tercera tasa de homicidios más alta del mundo, a míseros puntos de diferencia de la primera. De los 250 países del mundo estamos entre los últimos cinco puestos con relación a violencia, corrupción pública, libertad económica. Son datos provenientes de organizaciones internacionales de incuestionable honestidad, como Transparencia Internacional. Hoy día tenemos la debacle económica que vivimos porque el Gobierno lleva 16 años controlando, agrediendo, hostigando, la iniciativa privada. Y ahora, después de haber destruido todo el tejido empresarial quieren obligar a las pocas empresas que quedan a permanecer abiertas bajo la fuerza de las armas.

 

Este es el legado de una Revolución Bonita, en que la gente ha perdido su capacidad de asombro, de indignación, de expresión. Porque la violencia, la corrupción y la prosperidad económica, nunca fueron prioridades de nuestro gobierno. Antes todo por el contrario. Con el paso del tiempo la élite revolucionaria terminó descubriendo que tanto la inseguridad, como el enriquecimiento ilícito, como la pauperización económica de la sociedad, son variables que juegan todas a favor de su perpetuación. No creo que lo hicieron adrede, con maquiavelismo. Lo hicieron solo por ineptos y mediocres. Pero han terminado cayendo en la cuenta de que se pueden beneficiar de ello. Los venezolanos decentes, de a bien, la clase media, vivimos secuestrados sin rechistar en nuestras casas, no objetamos a que se nos robe impunemente nuestro patrimonio público, y nos limitamos a comer y callar, en una economía devastada, de subsistencia.

 

Si serviría de algo la Asamblea sería para debatir y construir, empezar a reconstruir este país. Y eso no sucederá nunca. Porque va en contra de la razón de ser de nuestro Gobierno, de su auto definición e intereses. En primer lugar tendrían que reconocerse culpables, y no victimas, asumiendo la plena responsabilidad por lo que hicieron. En segundo lugar tendrían que colaborar en una reconstrucción que va en contra de las condiciones de su perpetuación e intereses. Ojalá fuera posible un diálogo, pero no lo es. Nos han conducido a una situación de impase, en la que está en causa la viabilidad de Venezuela como Nación, como País.

 

Ninguna opinión, ni mucho menos intervención internacional, puede ayudar a destrabar este impase. Somos nosotros, los que aún podemos pensar y actuar. O dentro de muy poco, por inanición moral o aún física, ya nadie más lo hará. Nos queda muy poco tiempo.